Los gritos de dolor y el sonido de las balas aún retumban en las mentes de las personas que residían en El Salado, corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, quienes no olvidan, y tal vez nunca lo harán, aquel nefasto 18 de febrero de 2000 cuando se vieron sorprendidas por cientos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC que irrumpieron en el pueblo y acabaron con la vida de aproximadamente 62 personas.
Ayer, cinco sobrevivientes que reconocen que aún el miedo está vivo, se reunieron con EL HERALDO a propósito de la legalización de cargos a uno de los autores del hecho de sangre, alias Juancho Dique, y recordaron algunos de esos angustiosos momentos. Hoy, con una vida más tranquila, pero con el dolor a cuestas, esperan que por fin llegue la anhelada justicia.
En la incursión paramilitar que se extendió durante cinco días, los miembros del grupo ilegal se saciaron con las víctimas, a las que asesinaron con el pretexto de que eran colaboradores de la guerrilla. Los campesinos que lograron sobrevivir dejaron su terruño y aún, muchos se niegan a volver.
Antes, en 1997, un grupo armado de las AUC, enviado al parecer por ganaderos de la zona, con lista en mano, asesinó a cinco personas, entre ellas a la maestra del pueblo. Fue entonces cuando la gente de El Salado salió desplazada, llevando consigo sus animales y pertenencias. Pasados tres meses retornaron a su lugar de origen debido a que la Armada Nacional se instaló durante varias semanas en el lugar, lo que aparentemente les había garantizado su seguridad.
El modus operandis. Hoy, los sobrevivientes, que prefieren mantenerse en el anonimato, rememoran la crueldad con que fueron asesinados sus vecinos, amigos y familiares.
Uno de ellos, que tenía 13 años en ese entonces, tiene fresca en su memoria la imagen de cuando “esos desalmados llegaron pateando puertas y sacando a las personas de sus casas, luego nos llevaron hasta la cancha de microfútbol y nos obligaron a observar cómo mataban a las personas, como si fueran animales”.
Entre los crímenes que le tocó ver por obligación está el de una mujer, a quien le colocaron una cuerda en el cuello, y dos paramilitares, uno en cada extremo, jalaron la cuerda con fuerza hasta ahorcarla. “A un vecino mío lo colocaron agachado en la mitad de la cancha y un guerrillero se le tiró encima con las rodillas y le partió la columna, luego le pegaron un tiro de fusil”, contó indignado el campesino.
Los llamados paracos asesinaban cada media hora a una persona y celebraban la cobarde acción tocando acordeón o haciendo sonar los equipos de sonido de las víctimas, al tiempo que ingerían licor y obligaban a las mujeres del pueblo a que les cocinaran. Solo se conoció un caso de una mujer que fue violada por varios paramilitares.
La masacre lo cambió. Las víctimas de El Salado recuerdan con nostalgia y orgullo al mismo tiempo lo próspero que era su corregimiento antes de la incursión paramilitar. “El Salado era un pueblo agrícola, ganadero y tenía una producción de tabaco tipo exportación; fue un pueblo que tuvo dos concejales y dos alcaldes en El Carmen de Bolívar oriundos de El Salado, hoy en día es un pueblo casi fantasma”, contó una mujer.
Sin titubear aseguró que los paramilitares llegaron directamente a la población manejados por los altos rangos políticos del gobierno que solo buscaban apoderarse de las tierras que eran conocidas por sus minerales como el gas, el petróleo, el yeso, el carbón y el ganado. “Hubo participación de miembros activos de las fuerzas militares en ese entonces, los militares fueron los guías de los paramilitares, entraron revueltos con los paracos, con la excusa de tildarnos de guerrilleros”, dijo.
Para los sobrevivientes de la masacre, El Salado está ubicado en un sector estratégico que comunica a los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, y en esa medida el grupo ilegal que tuviera el control de ese sector sería el que tendría bajo su mando todos Los Montes de María. Según ellos, no era desconocido por los entes gubernamentales que estaban asesinando a la población.
“Las instituciones del Estado, de una u otra forma, por acción o por omisión, actuaron en la masacre del Salado y del territorio de Los Montes de María”, indicó con dolor la campesina desplazada.
La cruel realidad. Actualmente, la mayoría de víctimas vive una situación difícil por lo que consideraron como falta de apoyo efectivo de parte del Estado y porque no tienen las condiciones para retornar a sus tierras. Antes tenían ganado y predios para cultivar, las cuales según ellos, fueron arrebatados y aprovechados por empresarios que hoy aparecen como amigos de Los Montes de María.
Con los niños
Rosario Montoya, directora de la fundación Infancia Feliz, señaló que desde la primera masacre ocurrida en El Salado, la institución empezó a trabajar con los hijos de las víctimas, quienes resultaron afectados en la parte emocional y mental.
La funcionaria manifestó que conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y la Personería volvieron a hacer una nueva organización y la fundación comenzó a darles otra vez la asistencia alimentaria. Actualmente los representan jurídicamente mediante dos abogados.
Por William Colina Páez