En Carmen de Bolívar hay una población superior a los 20 mil desplazados aunque los aspirantes a alcalde, reconocen que puede haber un subregistro y dijeron casi al unísono que hay que depurar la base de datos sobre esta población. Precisamente la violencia que ha sufrido este municipio, lo ha convertido en el epicentro de la puesta en marcha de la Ley de víctimas y restitución de tierras.
El aspirante liberal sostuvo que el esfuerzo de los programas presidenciales no ha sido suficiente y que en el tema de desplazados, se han priorizados casos como el Salado, desatendiendo otras comunidades como Jesús del Monte y Verdún. Preguntado sobre el apoyo de la empresa privada a estas comunidades dijo que no se podía excusar al Estado de sus responsabilidades, y que él mismo como abogado, le prestará asesoría a los desplazados desde la Secretaría del Interior, para que se les puedan restituir sus tierras. “Este tema se manejara por un juez especializado para que puedan hacer el trámite”, prometió.
La candidata conservadora dijo por su parte que se apoyará en el Incoder para la legalización de tierras y que le devolverá a los campesinos sus terrenos con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el Incora.
Romero del MIO, aunque no fue muy precisa, sostuvo que mejoraría el Plan Integral único de atención a la población desplazada, pues “no se han atendido de la manera como debe realizarse” y Vega de la U, sin comprometerse con un presupuesto exacto para destinar a la atención de esta problemática, dijo que lo importante es caminar hacia la integralidad en la atención (salud, alimentación, vivienda).
